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Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) - Gobierno de Chile

Ley 18.933, artículo 38

Texto

    Artículo 38.- Los contratos a que hace referencia el
artículo 33 de esta ley, deberán ser pactados por tiempo
indefinido, y no podrán dejarse sin efecto durante su
vigencia, sino por incumplimiento de las obligaciones
contractuales, o por mutuo acuerdo. Con todo, la
Institución deberá ofrecer un nuevo plan si éste es
requerido por el afiliado y se fundamenta en la cesantía o
en una variación permanente de la cotización legal, o de
la composición del grupo familiar del cotizante,
situaciones que deberán acreditarse ante la Institución.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de cesantía y no
siendo aplicable el artículo 32 bis de esta ley, la
Institución deberá acceder a la desafiliación si ésta es
requerida por el afiliado.
    El cotizante podrá, una vez transcurrido un año de
vigencia de beneficios contractuales, desahuciar el
contrato, para lo cual bastará una comunicación escrita a
la Institución con copia al empleador o a la entidad
pagadora de la pensión, según corresponda, dada con una
antelación de a lo menos, un mes del cumplimiento del
primer año o de la fecha posterior en que se hará efectiva
la desafiliación, quedando él y sus cargas, si no optaren
por un nuevo contrato de salud previsional, afectos al
régimen general de cotizaciones, prestaciones y beneficios
de salud que les correspondan como beneficiarios de la ley
N° 18.469. La Superintendencia podrá impartir
instrucciones de general aplicación sobre la forma y
procedimiento a que deberán ceñirse las comunicaciones
indicadas precedentemente.
     Anualmente, en el mes de suscripción del contrato, las
Instituciones podrán revisar los contratos de salud,
pudiendo sólo modificar el precio base del plan, con las
limitaciones a que se refiere el artículo 38 bis, en
condiciones generales que no importen discriminación entre
los afiliados de un mismo plan. Las revisiones no podrán
tener en consideración el estado de salud del afiliado y
beneficiario. Estas condiciones generales deberán ser las
mismas que se estén ofreciendo a esa fecha a los nuevos
contratantes en el respectivo plan. La infracción a esta
disposición dará lugar a que el contrato se entienda
vigente en las mismas condiciones generales, sin perjuicio
de las demás sanciones que se puedan aplicar. La
adecuación propuesta deberá ser comunicada al afectado
mediante carta certificada expedida con, a lo menos, tres
meses de anticipación al vencimiento del período. En tales
circunstancias, el afiliado podrá aceptar el contrato con
la adecuación de precio propuesta por la Institución de
Salud Previsional; en el evento de que nada diga, se
entenderá que acepta la propuesta de la Institución. En la
misma oportunidad y forma en que se comunique la
adecuación, la Institución de Salud Previsional deberá
ofrecer uno o más planes alternativos cuyo precio base sea
equivalente al vigente, a menos que se trate del precio del
plan mínimo que ella ofrezca; se deberán ofrecer
idénticas alternativas a todos los afiliados del plan cuyo
precio se adecua, los que, en caso de rechazar la
adecuación, podrán aceptar alguno de los planes
alternativos que se les ofrezcan o bien desafiliarse de la
Institución de Salud Previsional. Sólo podrán ofrecerse
planes que estén disponibles para todos los afiliados y el
precio deberá corresponder al precio base modificado por
las tablas de riesgo según edad y sexo correspondientes.
     Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones de los
beneficios contractuales podrán efectuarse por mutuo
acuerdo de las partes y darán origen a la suscripción de
un nuevo plan de salud de entre los que se encuentre
comercializando la Institución de Salud Previsional.
    Si el afiliado estimare que los planes ofrecidos no
reúnen las condiciones de equivalencia indicadas en el
inciso tercero, podrá recurrir ante la Superintendencia, la
que resolverá en los términos señalados en el número 5
del artículo 3° de esta ley.
    INCISO SUPRIMIDO
    Cuando el cotizante desahucie el contrato y transcurrido
el plazo de antelación que corresponde, la terminación
surtirá plenos efectos a contar del primer día del mes
subsiguiente a la fecha de expiración de dicho plazo.
    Los beneficios contemplados para un mes estarán
financiados por la cotización devengadas en el mes
inmediatamente anterior cualquiera sea la época en que la
institución perciba efectivamente la cotización.
    En el evento que al día del término del contrato por
desahucio el cotizante esté en situación de incapacidad
laboral, el contrato se extenderá de pleno derecho hasta el
último día del mes en que finalice la incapacidad y
mientras no se declare la invalidez del cotizante.
    Las instituciones podrán en casos calificados solicitar
a las comisiones que establece el artículo 11 del decreto
ley N° 3.500, de 1980, o a la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud, según
corresponda, la declaración de invalidez del cotizante. Si
la declaración de invalidez fuere solicitada a las
Comisiones a que se refiere el citado artículo 11, las
instituciones deberán financiar la totalidad de los gastos
que demande esa solicitud, tales como exámenes de
especialidad, análisis, informes y gastos de traslado del
cotizante.
    No se considerará incumplimiento del contrato por parte
del afiliado, el hecho de no haberse enterado por su
empleador o por la entidad pagadora de la pensión, en su
caso, las cotizaciones de salud pactadas y será obligación
de la ISAPRE, comunicar esta situación al afiliado dentro
de los tres meses siguientes contados desde aquél en que no
se haya pagado la cotización.
    Igual plazo tendrá la Institución de Salud Previsional
para informar del no pago de la cotización y de sus
posibles consecuencias, respecto de sus afiliados
trabajadores independientes y cotizantes voluntarios.
    El incumplimiento de la obligación señalada en los dos
incisos precedentes, será sancionado por la
Superintendencia con multa, en los términos del artículo
45 de esta ley. En el caso de trabajadores independientes,
cotizantes voluntarios o trabajadores que, habiendo sido
dependientes, se encuentren en situación de cesantía, la
falta de notificación oportuna, además, impedirá a la
Institución de Salud Previsional poner término al contrato
por no pago de la cotización ni cobrar intereses, reajustes
y multas.

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