1.- Esta Superintendencia en el ejercicio de las facultades que le han sido conferidas por su Ley Orgánica N°16.395 y el artículo 35 de la Ley N° 20.255, ha estimado necesario impartir las siguientes instrucciones respecto de la aplicación de esta última norma, que se refiere al subsidio para las personas con discapacidad mental de la Ley N°18.600 o para las personas con discapacidad física o sensorial severa, que sean menores de 18 años de edad.

2. Sobre el particular, esta Superintendencia cumple con señalar que el artículo 35 de la Ley N° 20.255, modificado por el No16 del artículo 1o de la Ley N° 21.419 - y cuya entrada en vigencia es a partir del 1o de agosto de 2022 -, establece un subsidio para las personas con discapacidad mental a que se refiere la Ley N°18.600 o para las personas con discapacidad física o sensorial severa, que sean menores de 18 años de edad, y que en ambos casos pertenezcan al 60% de la población más vulnerable. El monto del subsidio corresponderá al 50% del monto máximo de la Pensión Garantizada Universal, y se otorgará conforme a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12, del DL N°869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El inciso segundo del aludido articulo preceptúa que un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y suscrito además por los Ministros de Desarrollo Social y Familia, y de Salud, establecerá la forma en la cual se acreditará la condición de salud que implique una discapacidad física o sensorial severa, el procedimiento de solicitud, concesión y pago de este subsidio, además de determinar las incompatibilidades y causales de extinción de él.

A su turno, el inciso final del aludido artículo 35 establece que corresponderá a esta Superintendencia la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el subsidio a que se refiere dicho artículo, la administración financiera del mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se aplicarán las disposiciones orgánicas de esta Superintendencia y aquellas establecidas en el DL N° 869 de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Por su parte, el artículo decimotercero transitorio de la Ley N°21.419 señala que lo dispuesto en su numeral 16 del artículo 1° entrará en vigor al primer día del séptimo mes desde la entrada en vigencia de dicha ley.

En mérito de lo anterior, las directrices de la Subsecretaría de Previsión Social y los principios consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente el de responsabilidad e inexcusabilidad, este Organismo en el ejercicio de sus facultades procede a instruir al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre el procedimiento aplicable ante eventuales situaciones que podrían ocurrir entre el 1° de agosto de 2022 y la fecha de publicación del Reglamento del Subsidio para personas con discapacidad mental o física o sensorial severa a que se refiere el inciso segundo del artículo 35 de la ley N° 20.255, conforme a las modificaciones introducidas en la Ley N° 21.419, al tenor de lo que a continuación se indica:

a) Las solicitudes de subsidio para personas con discapacidad mental que reciban los Municipios hasta el 31 de julio del año en curso deberán tramitarse conforme al procedimiento establecido en el DS N° 48, de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, debiendo por tanto ser resueltas por las Delegaciones Presidenciales Regionales e informadas al Instituto de Previsión Social para que proceda a su pago.

b) Las solicitudes de subsidio para personas con discapacidad mental suscritas a partir del 1o de agosto del año 2022, se tramitarán conforme al procedimiento establecido en el DS N° 48, de 2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, hasta la publicación en el Diario Oficial del reglamento a que se hace mención en el inciso segundo del artículo 35 de la Ley N° 20.255. Para ello, el IPS deberá efectuar las coordinaciones necesarias para que los Municipios y las Delegaciones Presidenciales continúen con el procedimiento contenido en el antes citado DS N° 48, de 2008. Para ello, las Municipalidades y las Delegaciones Presidenciales Regionales, deberán seguir utilizando la plataforma disponibilizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con las adecuaciones que se requieran conforme a lo señalado en artículo 35 de la ley N° 20.255, modificado por la Ley N°21.419. Con todo, estas solicitudes no podrán ser presentadas en ese Instituto sino a partir de la entrada en vigencia del citado Reglamento, fecha a partir de la cual, además, los Municipios recibirán estas solicitudes solo a través de la plataforma o sistema que dicho Instituto disponga.

c) Las solicitudes de subsidio para personas con discapacidad física o sensorial severa deberán suscribirse a partir del 1° de agosto del año 2022, ante el Instituto de Previsión Social o ante las Municipalidades con las que el citado Instituto celebre convenios para ello, para cuyos efectos, dicho Instituto deberá arbitrar las coordinaciones que sean necesarias a fin de que estas solicitudes puedan ser ingresadas en los Municipios a través de la plataforma o sistema que aquel disponga, las que, en todo caso, se someterán a los procesos de verificación para la concesión y pago por parte del IPS, solo a partir de la entrada en vigencia del reglamento que se menciona en el literal precedente.

En todos los casos descritos, el solicitante deberá presentar los antecedentes que acrediten dicha discapacidad mediante el respectivo certificado que emita la COMPIN o en su caso, el Servicio de Registro Civil e Identificación, y los demás antecedentes acreditativos de la condición del beneficiario de encontrarse al cuidado del solicitante, personería cuando corresponda y demás requisitos para acceder al beneficio, todo los que serán sometidos a la ponderación del IPS, en conformidad con sus procedimientos vigentes.

Para dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el presente Oficio y su adecuada implementación, el Instituto de Previsión Social, en el ejercicio de sus facultades, podrá celebrar convenios con organismos públicos y privados. Asimismo, deberá ejecutar las acciones de coordinación necesarias con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para efectos de verificar el puntaje de focalización establecido en el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 20.255.

Finalmente, cabe señalar que esta Superintendencia se encuentra disponible para participar en las reuniones que se pudiesen sostener con las distintas instituciones intervinientes con motivo del beneficio en cuestión.