Esta Superintendencia cumple con manifestar, en primer término, que las normas que rigen los subsidios por incapacidad laboral son de derecho público, de manera que solamente si lo hubiera autorizada la ley podrían hacerce descuentos de los mismos, facultad que sin embargo la legislación no ha contemplado.

En lo que dice relación con descuentos por prestaciones de crédicto social, cabe precisar que lo que sí ha regulado la ley, en el artículo 31 del D.F.L. Nº 42, de 1978, del M. del T. y P.S., es que las empresas afiliadas a una Caja de Compensación de Asignación Familiar tienen la obligación de deducir de las remuneraciones de sus trabajadores lo que éstos adeuden por dicho concepto, reternelo y remesarlo a la Caja acreedora, para cuyo efecto deben regirse por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones.

A propósito de dicha disposición, este Organismo ha señalado que la deducción de lo adeudado por crédito social sólo se puede efectuar por las empresas de las sumas que tengan el carácter de remuneraciones, en conformidad a los artículos 50 y 51 del D.L. Nº 2.200, de 1978, y en ningún caso de asignaciones familiares u otros haberse a favor del trabajador que no tengan tal calidad.

Sin embargo, dado que los subsidios no constituyen renta para ningún efecto legal, conforme a lo establecido en el artículo 3º del D.F.L. Nº 44, de 1978, del M. del T. y P.S., no les resulta aplicable la normativa recién señalada.

Por todo lo expuesto, se concluye que resulta improcedente descontar del subsidio por incapacidd laboral de que disfrute un trabajador las cuotas pendientes por un préstamo por prestaciones de crédito social otorgado por una Caja de Compensación de Asignación Familiar.