Chile cuenta con su primera Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería: ¿Qué es y por qué es clave para el país?

La Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería define los principios, objetivos y acciones concretas para avanzar hacia una minería más segura, saludable, equitativa y moderna, con una visión centrada en las personas, el respeto a sus derechos y la promoción de una cultura de prevención en todos los niveles.

Desde ahora, el país cuenta con una hoja de ruta común y oficial para abordar los desafíos de seguridad en el sector minero. Este tipo de políticas son recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y permiten:

• Identificar riesgos específicos del sector y abordarlos de manera sistemática.

• Unificar criterios y estándares entre los distintos actores del sistema.

• Fortalecer la fiscalización, la educación y la asistencia técnica en seguridad laboral.

• Garantizar que la voz de trabajadores, empleadores y el Estado esté representada en su diseño e implementación.

Este enfoque colaborativo y con mirada de largo plazo busca que nadie ponga en riesgo su vida o salud por trabajar en minería, y que las empresas cuenten con herramientas claras para cumplir con la normativa y proteger a sus equipos.

La política se basa en 10 principios, entre los que destacan el respeto integral a la vida y la integridad física y psicosocial de las personas trabajadoras en la minería como derecho fundamental; la promoción de una cultura preventiva para la seguridad y salud en el trabajo a través de la gestión de riesgos; y el enfoque de género y diversidad.

Sus objetivos principales son desarrollar una cultura preventiva en todo el sector, con más capacitación, educación y participación; actualizar y perfeccionar la normativa minera, adaptándola a los desafíos actuales, como el cambio tecnológico o climático; y fortalecer la fiscalización y la coordinación institucional, para una acción pública más eficaz.

Los compromisos que se asumen para llevar a cabo la política

Cada actor involucrado tiene un rol fundamental. La política establece compromisos claros para:

Personas trabajadoras: Cumplir normas y reglamentos internos, reportar riesgos, participar en capacitaciones y ser agentes activos de la prevención.

Entidades empleadoras: Aplicar y difundir la normativa, mejorar las condiciones de trabajo, entregar protección adecuada y gestionar recursos para prevenir riesgos.

Organismos públicos: Coordinar acciones, fiscalizar, actualizar normas y fortalecer la educación y asistencia técnica, especialmente para la pequeña minería.

Organismos administradores del Seguro de la Ley 16.744 (ACHS, Mutual de Seguridad, IST, ISL): Ampliar la cobertura de vigilancia ambiental y de salud, entregar asistencia técnica especializada y fomentar el diálogo con empresas y trabajadores.

La política fue elaborada mediante un proceso tripartito y participativo, liderado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y coordinado por la Subsecretaría de Previsión Social. Participaron representantes de los trabajadores (como la Coordinadora de Trabajadores de la Minería), de los empleadores (como SONAMI, el Consejo Minero y APRIMIN), y de organismos técnicos del Estado (Ministerio de Salud, Ministerio de Minería, Suseso, Sernageomin, ISL, entre otros).

Entre 2023 y 2025 se realizaron talleres regionales, reuniones técnicas y comités de trabajo que permitieron consensuar una propuesta sólida y representativa. La elaboración de esta política se enmarca en el cumplimiento del Convenio 187 de la OIT, sobre promoción de la seguridad y salud en el trabajo, y se alinea con los principios del Convenio 176, referido específicamente a las condiciones en las minas.

Finalmente, el Comité Interministerial de Seguridad y Salud en el Trabajo, compuesto por los ministerios de Trabajo, Salud, Minería, Agricultura, Defensa, Economía y Transporte, aprobó la propuesta en sesión presidida por el ministro Giorgio Boccardo el pasado jueves 17 de julio de 2025.

Revisa AQUÍ la política.