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Afiliación:

 1.- ¿Puede un ex-funcionario afiliarse en cualquier tiempo al Servicio de Bienestar, si al momento de jubilar no efectuó la manifestación dispuesta en el inciso tercero del artículo 7º del Reglamento General?.

 R.- La norma citada tiene por objeto que los afiliados del Servicio de Bienestar que se acojan a jubilación, continúen manteniendo la calidad de afiliados, sin solución de continuidad, pudiendo solicitar beneficios por hechos ocurridos durante el período intermedio, estableciendo al efecto un plazo y un trámite cuyo cumplimiento son de responsabilidad del Servicio de Bienestar y no del afiliado. En efecto, se expresa “los Servicios de Bienestar deberán solicitar” y luego “a fin de requerirlos por escrito dentro de los 7 días hábiles siguientes, para que manifiesten su decisión”.  Es el requerimiento y no la manifestación de la voluntad del afiliado lo que debe efectuarse dentro del término indicado siendo aquél, de cargo del Bienestar y ésta, del afiliado.

 Resulta claro que dicho plazo es aplicable al Servicio de Bienestar, quien deberá efectuar el requerimiento por escrito dentro del mismo, mas no al afiliado, quien decidirá si contesta o no, y cuándo lo hace, puesto que sólo corre el riesgo de producir un corte en la continuidad de su calidad y, por tanto, tener que volver a afiliarse en el futuro, en el caso de desear impetrar beneficios al Servicio de Bienestar. El derecho a afiliarse al Servicio de Bienestar, por tanto, no precluye para el afiliado que deja de ser funcionario por no manifestar su decisión (Ord. N° 1098, de 21/01/1999).

  2.- ¿Existe plazo para que el jubilado de una entidad ejerza su derecho de afiliarse al Servicio de Bienestar de la entidad de la que era funcionario?.

 R.- No. “El artículo único de la Ley Nº 17.538 y el artículo 7º del D.S. Nº 28, de 1994, no contienen un plazo a contar de la fecha de jubilación, dentro del cual el pensionado deba ejercer  el derecho a solicitar la incorporación al Servicio de Bienestar, por lo que no es lícito para el intérprete fijarlo”.

Por otra parte, cabe señalar que conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del (…) citado artículo 7º del Reglamento General, “los Servicios de Bienestar deberán solicitar a la Oficina de Personal de la Institución a la cual pertenecen que les informen de inmediato el cese de funciones de sus afiliados que jubilen, a fin de requerirlos por escrito dentro de los 7 días hábiles siguientes, para que manifiesten su decisión en el formulario”(Ord. N° 1098, de 21/01/1999).

 Beneficios:

 1.-¿Procede bonificar adquisición de medicamento o prestación de atención médica que se pagó mediante donación a entidad que la entrega?.

 R.- Si, por cuanto “las disposiciones (…) (aplicables), no hacen distinción respecto del modo de pago de la atención basta, en consecuencia, que él represente un necesario desembolso económico de parte  del afiliado, para que proceda otorgar el beneficio” (Ord. N° 39064, de 22/12/1999).

 2.- ¿Procede bonificar por el Servicio de Bienestar materiales de curación, vendas, enjuagatorios y pastas dentales?.

 R.- La bonificación sólo será procedente cuando los citados artículos tengan finalidades terapéuticas correctivas, y ello se encuentre debidamente acreditado con el informe médico fundado (Ord. N° 26247, de 18/07/2001).

 3.- ¿Procede por parte del Servicio de Bienestar la bonificación de compra de lentes neutros, recetados por su médico tratante?.

R.- “no procede que el Servicio de Bienestar de la especie bonifique la adquisición de anteojos sin fuerza dióptrica (revestidos con capa antirreflejo), toda vez que no se ha demostrado que el uso de los mismos sirva para prevenir alguna patología.

 En efecto, no procede la bonificación de la adquisición de tales anteojos, toda vez que, siendo neutro y sin fuerza dióptrica carecen de finalidades terapéuticas correctivas y, lo que es más, en términos científicos, tampoco se ha acreditado que tengan la capacidad de prevenir alguna patología, condiciones todas ellas que habrían justificado la bonificación que se discute por parte del Servicio de Bienestar” (Ord. N° 6631, 25/02/2000).

 4.- ¿Corresponde que el Servicio de Bienestar bonifique prestaciones de medicina natural o compra de productos homeopáticos?.

R.- Respecto de los “productos homeopáticos y la medicina natural, cabe señalar que su bonificación dependerá de si su prescripción es realizada por un profesional médico dentro de un tratamiento” (Ord. N° 23406, de 13/08/1999).

5.- ¿ Qué beneficio se cobra primero cuando el afiliado ha contratado en forma particular un seguro, el que se requiere al Servicio de Bienestar o el de la Cia. de Seguros?.

R.- “Ambos beneficios deberán otorgarse de acuerdo a sus respectivas normativas, a menos que alguna de ellas contemplare expresamente alguna incompatibilidad.

Al efecto, cabe señalar que dada la naturaleza solidaria del Servicio de Bienestar, y considerando que cumple una función complementaria de la acción del sistema de seguridad social, deberá otorgar los beneficios que contemple en su reglamento particular, de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, sin generar una sobre cobertura del estado de necesidad del afiliado.

Lo anterior, en el sentido que sólo podrá bonificar al afiliado en aquella parte que ni el sistema de seguridad social, ni la compañía de seguros (en el caso que hubiere recurrido a ella previamente) le hubieren cubierto, y sin que el beneficio supere tal monto, pues no puede convertirse en una ganancia para el interesado” (Ord. N° 1.955, de 22/01/2001).

6.- Si el Reglamento del Servicio de Bienestar establece ayudas por fallecimiento, procede reemplazar este beneficio por el seguro de vida o el Bienestar debe continuar concediéndolo, pero con un monto disminuido.         

R.- La concesión de la ayuda de fallecimiento dependerá de los recursos de que disponga el Servicio de Bienestar y del acuerdo del Consejo Administrativo, en orden a mantener la concesión de dicho beneficio.

7.- Resultaría  legalmente  procedente establecer períodos de carencia diferenciados, esto es,  tomando en consideración el tiempo en que el funcionario ha permanecido en la entidad empleadora, sin afiliarse al Servicio de Bienestar.

R.- El artículo 8° del D.S. N° 28, de 1994, Reglamento General para los Servicios de Bienestar, establece que  “tanto la afiliación como la desafiliación al Servicio de Bienestar  serán voluntarias…”, razón por la que  no procede establecer períodos de carencia en consideración a la antigüedad que el funcionario tenga en el Organismo respectivo.

8.- ¿Correspondería otorgar beneficios en relación a carga familiar de afiliado no invocada ante entidad empleadora a que pertenece el Servicio de Bienestar, es decir, reconocida ante otro empleador?.

R:.- “… el requisito exigido para poder percibir el beneficio que otorgue el Servicio de Bienestar de esa entidad es, además de invocar una causal contemplada en el reglamento particular dentro de plazo, que el beneficio sea impetrado por un beneficiario (afiliado o sus cargas familiares), sin que se exija que la carga familiar haya sido reconocida en la entidad de la que el Servicio de Bienestar es parte.” Oficio N° 51.931, de 11/10/2006, de esta Superintendencia.

Contable:

– Procedimiento para castigar deudas, de carácter contable.

R.- “El artículo 19 de la Ley N°18.382, faculta a las instituciones y organismos descentralizados y a las empresas del Estado, exceptuadas las instituciones de previsión, para que, previa autorización de los Ministros del ramo correspondiente y de Hacienda, castiguen en sus contabilidades los créditos incobrables, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro.

Al respecto, cabe señalar que la Contraloría General de la República, ante una consulta formulada por este Organismo, mediante Ord. N° 24.551, de 24 de octubre de 1985, dictaminó que los Servicios de Bienestar regidos por el D.S. N° 722, de 1955, del ex Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, que se organizan y funcionan en las instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, atendida su naturaleza, quedan incluidas dentro del ámbito del artículo 19 de la Ley N° 18.382, concurriendo los demás requisitos que establece el precepto, toda vez que éstas constituyen meras dependencias de las entidades estatales mencionadas, según lo ha declarado la reiterada jurisprudencia administrativa recaída en la materia” (Ord. N° 5571, de 19/05/1994).

Varios:

1.- ¿Es obligatoria la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, para los Bienestares del Sector Público?.

R.- “la Contraloría General de la República ha aclarado su Dictamen N° 59.041, de 2004, en que precisó que los convenios relativos a los Servicios de Bienestar que se suscriban por la jefatura superior  de la entidad pública respectiva se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley N° 19.886, toda vez que los referidos Servicios de Bienestar constituyen una dependencia del organismo de la Administración a través de la cual se desarrollan las funciones asignadas por el ordenamiento.

Al efecto, el nuevo dictamen precisa, en primer lugar, que conforme a la Constitución Política de la República y la ley corresponde a dicha Contraloría General determinar el sentido y alcance de las normas que establecen y regulan la organización, funciones y atribuciones de los organismos de la Administración del Estado, entre las cuales se encuentran las normas que crean los Servicios de Bienestar, así como también las que prevén los procedimientos y exigencias que se deben observar en la celebración de los convenios de que se trata.

Agrega, a continuación, que los Departamentos, Oficinas o Servicios de Bienestar que funcionen en las entidades de la Administración Pública a las cuales se refieren el artículo 134 de la Ley N° 11.764 y el artículo 1° del D.S. N° 28,  (que aprueba el Reglamento General para los Servicios de Bienestar fiscalizados por esta Superintendencia), son entidades que “por regla general no tienen personalidad jurídica y constituyen una dependencia de la institución empleadora”, y, por lo tanto, conforme al artículo 16 del mismo reglamento, los convenios que suscriban deben celebrarse a través de la autoridad superior de la institución de la cual formen parte.

Concluye (…) que los convenios relativos a esos Servicios de Bienestar que se suscriban por la jefatura superior de la repartición respectiva se encuentran sujetos a las disposiciones de la Ley N° 19.886, ya singularizada y a su reglamento, aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, normativa a la cual deberán ceñirse a efectos de preparar y concluir los acuerdos de voluntades pertinentes” (Ord. N° 39.474, de 18-08-2005).

2.-     Si la Ley N°19.886 es o no aplicable a los convenios que los Servicios de Bienestar celebren con profesionales, Instituciones del área de la Salud u otras Entidades, con el propósito de mejorar el nivel de atención y servicios que entreguen a sus afiliados, sin que en ellos se adquieran bienes o contraten servicios directamente pagados con recursos del Bienestar.           

R.- Esta Superintendencia solicitó a la Contraloría General de la República que precise su Dictamen  N°28.985, en orden a determinar si la Ley N°19.886 es o no aplicable a los convenios que los Servicios de Bienestar celebren con profesionales, Instituciones del área de la Salud u otras Entidades, con el propósito de mejorar el nivel de atención y servicios que entreguen a sus afiliados, sin que en ellos se adquieran bienes o contraten servicios directamente pagados con recursos del Bienestar.

Mediante Dictamen N° 10.318, de 7 de marzo de 2007,  la Contraloría General de la República ha manifestado que los convenios que suscriban los Servicios de Bienestar en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16 inciso segundo del decreto N° 28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, antes detallados, también se encuentran afectos a la ley N° 19.886 en todos los casos a que se refiere el artículo 1° de dicho texto normativo, esto es, cuando se trate de contratos celebrados “a título oneroso para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones”, toda vez que los mencionados acuerdos de voluntades son celebrados por un organismo de la Administración del Estado que, en tal calidad, y en tanto concurran esas condiciones, debe sujetarse a la normativa ya citada.

Termina concluyendo que los acuerdos de voluntades a que se refiere la consulta formulada se encuentran sometidos a las disposiciones de la ley N° 19.886, en los términos antes descritos, sin que corresponda distinguir, a efectos de determinar la procedencia de su aplicación, el origen de los fondos con que las respectivas prestaciones, consistentes en bienes o servicios, sean pagadas al respectivo proveedor.

3.-¿Pueden ingresar los Servicios Públicos a las C.C.A.F.?

R.- Sí, la Ley N° 20.233, que entró en vigencia el 1 de enero de 2008, modificó la Ley N° 18.833, sobre Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), en el sentido de permitir a las entidades empleadoras del sector público, centralizadas o descentralizadas, concurrir a la constitución o afiliación de Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Financiamiento:

1.- ¿Cómo se determina y cuál es el monto máximo del aporte mensual de cargo de los afiliados, esto es, tanto de los funcionarios activos como pensionados?

R.- Conforme a lo dispuesto en la letra c) del artículo 32 del D.S. N° 28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el monto máximo o forma de determinación de dicho aporte debe ser regulado por el reglamento de cada Servicio de Bienestar, expresándose como un porcentaje de las pensiones, en el caso de los pensionados, o de un porcentaje de las remuneraciones imponibles para pensiones, tratándose de los afiliados en servicio activo (funcionarios).

Por lo tanto, respecto de estos últimos, y para el efecto que interesa, debe tenerse en cuenta que el límite máximo de remuneración imponible de los funcionarios que cotizan en el Sistema de Pensiones del D.L. 3.500, es aquel contemplado en su artículo 16, vale decir, 72.3 Unidades de Fomento, más el factor de reajuste que debe fijar la Superintendencia de Pensiones -acorde al procedimiento que en el mismo se establece- el cual comenzará a regir el primer día de cada año. En cambio, el límite máximo de las remuneraciones imponibles de los funcionarios que cotizan en alguno de los regímenes previsionales a que se refiere el D.L. N° 3.501, de 1980, administrados por el Instituto de Previsión Social (ex INP), corresponde al establecido en su artículo 5°, según el cual, estará exenta de imposiciones la parte de las remuneraciones que exceda de 60 Unidades de Fomento.