1.- Mediante carta de Antecedentes, la C.C.A.F. que usted administra informa que utilizará la información de la Central de Riesgo Financiero, relativa al empleador del deudor afiliado, para efectuar la cobranza de cuotas de créditos sociales de trabajadores que han dejado de ser afiliados a esa Caja, por lo que consulta las formalidades o menciones mínimas que debieran contener las comunicaciones y requerimientos de cobro a los empleadores no adherentes.

2.- Sobre el particular, debe indicarse que mediante Circular N°3.081 de 2015, de Concordancias, esta Superintendencia, en el marco de la implementación de un modelo de supervisión basado en riesgos, refundió las instrucciones sobre la Central de Riego Financiero, incorporando además la necesidad del retorno de información consolidada a las C.C.A.F.

En este sentido, la referida Circular indicó en su número I que la Central de Riesgo Financiero es un sistema de información que tiene por objeto facilitar el cumplimiento de la normativa vigente relativo a la gestión del riesgo de crédito, por lo que se requiere contar con un sistema que apoye las tareas de supervisión y monitoreo de dicha normativa y entrega de información actualizada, tanto a las C.C.A.F. como a los afiliados, sobre el nivel de endeudamiento de los afiliados en el sistema C.C.A.F. y otra información de interés general que permita a estas entidades optimizar sus procesos de evaluación, seguimiento y recuperación de créditos sociales.

Por otra parte, es necesario mencionar que en conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social.

Dispone a continuación el artículo 21 de la Ley N°18.833, que las Cajas de Compensación pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero.

Enseguida, el artículo 22 de la misma Ley N°18.833 contempla el mecanismo de cobro del crédito social a través de descuento de las cuotas respectivas en las remuneraciones del trabajador, aplicando al efecto las mismas normas de descuento, remesa y pago que las cotizaciones previsionales, contenidas en la Ley N°17.322.

Finalmente, establece el artículo 30 de la Ley N°18.833 que los recursos del Fondo Social se destinarán financiar los regímenes de prestaciones de crédito social y de prestaciones adicionales, a adquirir bienes para el funcionamiento de la Caja y al financiamiento de los gastos administrativos de estas.

Por su parte, el artículo 4° de la Ley N°19.628, citada en Fuentes, establece que "No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios.

Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos."

Considerando la normativa precedentemente señalada, es posible concluir que la utilización por parte de las C.C.A.F. de determinados datos de la Central de Riesgo Financiero, que les permita optimizar sus procesos de evaluación, seguimiento y recuperación de créditos sociales, fue uno de los objetivos de la Circular N°3.081 de 2015, por lo que no se puede concluir que la utilización del dato del actual empleador del deudor por parte de las Cajas de Compensación, a efectos de dirigir los descuentos de cuotas de créditos sociales que adeude el trabajador, constituya infracción a las disposiciones de la citada Circular, toda vez que permitirá a dichas entidades optimizar su proceso de recuperación del crédito social.

Adicionalmente, tampoco puede estimarse que la utilización de dicha información infrinja las disposiciones de la Ley N°19.628, toda vez que precisamente se trata de la individualización del domicilio de una persona, la que, acuerdo al artículo 4° de la Ley N°19.628, está exenta de autorización por parte del deudor, en cuanto a su tratamiento, si aquella se contiene en listados relativos a categorías de las personas, lo que precisamente acontece con la Central de Riesgos de esta Superintendencia.

Enseguida y en cuanto a la comunicación o requerimiento de cobro a los empleadores de los deudores de crédito social, debe esa entidad de previsión social justificar la obligación de descontar, remesar y pagar las cuotas de crédito social, a lo menos, en lo dispuesto en los artículos 1°, 21, 22 de la Ley N°18.833.

Lo anterior, sin perjuicio de informar que la deuda de crédito social se contrajo mientras el trabajador se encontraba afiliado a una C.C.A.F., que el crédito social es una prestación de seguridad social que sigue el mismo procedimiento de descuento, remesa y pago que las cotizaciones previsionales y que a las C.C.A.F. les asiste la obligación de efectuar las acciones necesarias de resguardo del Fondo Social, entre ellas, la de efectuar la cobranza de las cuotas de estos créditos a través del descuento en las remuneraciones de los trabajadores.