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ORD. N° 24797 27-05-2005
MATERIA: ADQUISICIÓN BIENES – ORIGEN DE RECURSOS
FUENTES :   Ley N° 11.764, artículo 134; Ley N° 16.395, artículo 24; D.S. N° 28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
CONCORDANCIAS:  Of. Ord. N°43.626, de 2004, de esta Superintendencia.

Esa Contraloría remitió a esta Superintendencia la presentación que le dirigiera el Servicio de Impuestos Internos, requiriendo un informe fundado respecto de la solicitud de la citada entidad, mediante la cual se pide unificar los criterios contenidos en los ordinarios de concordancias, toda vez que aparecerían contradictorios.

Al efecto, el referido servicio expresa que mientras esta Superintendencia sostendría que “de la lectura de la Ley N° 19.886, se desprende que no es aplicable a los Servicios de Bienestar del Sector Público”, aunque “sin perjuicio de la obligación que pesa sobre la entidad empleadora de someterse al referido sistema con respecto a los gastos que el Servicio de Bienestar genere, en su calidad de dependencia de la misma”; esa Contraloría, afirmaría en su ordinario que “constituyendo los Servicios de Bienestar, una dependencia de la institución empleadora, la normativa de la Ley N° 19.886, les es obligatoria”.

Sobre el particular, esta Superintendencia cumple con manifestar, previo estudio de los ordinarios indicados, que para determinar la aplicabilidad de la Ley N° 19.886, a los Servicios de Bienestar Públicos, es necesario distinguir previamente si se alude a los Servicios de Bienestar en tanto desarrollan la actividad regulada en sus reglamentos particulares y en el Reglamento General, otorgando beneficios a sus afiliados y cooperando a su adaptación al medio y elevación de sus condiciones de vida; o en cuanto dependencia de la entidad empleadora, y a la que ésta debe proveer de la infraestructura y personal correspondiente [artículos 4° y 29, letra l) del D.S. N° 28, citado en fuentes].

Es así como, por una parte, el ordinario N°43.626, de esta Superintendencia sostiene que los Servicios de Bienestar, en tanto sus gastos están destinados a cubrir necesidades y otorgar beneficios establecidos en la reglamentación que los rige, no se encuentran sometidos a la Ley N°19.886, pero también precisa que sobre la entidad empleadora pesa la obligación de someterse al referido sistema con respecto a los gastos que el Servicio de Bienestar genere, en su calidad de dependencia de la misma.

En tal sentido, se puede concluir que los convenios sobre adquisición de bienes muebles y servicios relativos al Servicio de Bienestar están afectos a las normas de la Ley N° 19.886 y su reglamento, por cuanto dicho bienestar constituye una dependencia de la entidad ocurrente a través de la cual se desarrollan funciones impuestas por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, claro, en tanto la normativa sea aplicable también a la entidad empleadora.

Distinto es el caso de las actuaciones que tengan por objeto otorgar beneficios establecidos en la reglamentación especial que los rige, ámbito en el que no se encuentran sometidos a la Ley N°19.886, en virtud de las consideraciones ya expuestas en el ordinario N°43.626 a saber:

a.- El Servicio de Bienestar, si bien constituye una dependencia de la entidad empleadora, no constituye en sí un servicio público ni cumple funciones de la administración sino que es un órgano interno, al servicio exclusivo de sus afiliados para contribuir al bienestar de los mismos, cooperando a su adaptación al medio y elevación de sus condiciones de vida, y que cuenta con una reglamentación específica, todo lo que impide entenderlo comprendido dentro del concepto de Administración del Estado en estricto derecho, de acuerdo al artículo 1° de la Ley N° 18.575, ámbito de aplicación de la Ley N° 19.886, según dispone su artículo 1° y,

b.- Los recursos que financian los Servicios de Bienestar Públicos tienen un origen mixto, y no exclusivamente público, toda vez que además del aporte de la entidad empleadora, el fondo común de reparto también se forma con el aporte mensual de los afiliados tanto pasivos como activos; con los intereses que generen los préstamos que otorgue; con las cuotas de incorporación que se fijen en los reglamentos particulares; con las sumas provenientes de herencias, legados, donaciones y, en general, bienes o recursos que obtenga a cualquier título (artículo 32 del Reglamento General aprobado por el D.S. N° 28, citado en fuentes).

En consideración a lo expuesto, esta Superintendencia cumple con lo requerido por esa Contraloría evacuando el informe solicitado y mantiene lo resuelto mediante su citado ordinario N° 43.626.